Entre estas medidas, destaca la creación de una nueva asignación tributaria social del 0,7% de la recaudación del Impuesto de Sociedades para programas de inclusión y del tercer sector de acción social de ámbito estatal, que al igual que en el IRPF para las personas físicas, es de carácter voluntario. Esta iniciativa tendrá un impacto positivo en la sostenibilidad de los programas de ámbito estatal del tercer sector en general y de la discapacidad en particular.

 

Los PGE también incluyen una mejora en las condiciones para acceder al IVA reducido (10 %) de los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial, siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más del 10% de su precio (antes el 75%).

 

Para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, se ampliará de 18 a 36 meses la ayuda económica para jóvenes con discapacidad inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato de formación y aprendizaje. Los presupuestos también introducen una deducción de 1.200 euros anuales en el IRPF por cónyuge con discapacidad que dependa económicamente del contribuyente.

 

Además, el informe del CERMI explica que con la aprobación de los PGE se modifica la regulación de las reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo que se establezcan como trabajadores por cuenta propia. Así, se amplía la tarifa plana de 50 horas (en lugar del 50% de la base de cotización) durante 12 meses adicionales, a las 12 iniciales, en los supuestos en los que el trabajador con discapacidad por cuenta propia o autónomo resida y desarrolle su actividad en un municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de 5.000 habitantes.

 

Por otra parte, el informe enumera una serie de medidas que van más allá de la discapacidad pero que lógicamente benefician a este grupo social, teniendo en cuenta que se trata de hogares en los que en líneas generales se afrontan más gastos con menos ingresos. En este sentido, sobresale la subida de las pensiones del 1,6%, porcentaje que se eleva hasta el 3% en el caso de las pensiones más bajas y no contributivas, así como el aumento del 1,75% del salario de los funcionarios.

 

La ampliación de cuatro a cinco semanas del permiso de paternidad; la deducción adicional de 600 euros por cada descendiente a partir del cuarto, reforzando la protección social de las familias numerosas, y la dotación con 200 millones de euros al Pacto de Estado contra la Violencia de Género son otras de las medidas de carácter social que incluyen los PGE de 2018.